En el año 2007, al empezar su gobierno, el Presidente Rafael Correa decidió proponer al mundo la tesis de una compensación monetaria para no explotar las reservas petroleras ubicadas del campo ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní.
Para que el planteamiento tuviera éxito en el ámbito internacional, se requería de una estructura financiera —un fideicomiso— capaz de brindar soberanía plena en las decisiones al Estado ecuatoriano, y de ofrecer las más altas seguridades a los contribuyentes para el uso independiente de los ingresos dejados de percibir.
El fideicomiso es el instrumento financiero que permite captar los recursos de los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos del mundo, empresas, etc. Era una cuenta para recibir los recursos, bajo ciertas condiciones que permitirían su buen manejo y su transparencia. Tales usos los determinaría de manera autónoma el Estado ecuatoriano.
La Iniciativa Yasuní-ITT beneficiaba al mundo entero: el calentamiento global nos afecta a todos. Es una gran señal para la humanidad. Es necesario pasar de los discursos a los hechos para contrarrestar un fenómeno que tiene efectos devastadores para toda la humanidad.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció en cadena de radio y televisión su decisión de poner fin a la iniciativa ambiental Yasuní-ITT, que planteaba dejar el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, a cambio de una significativa contribución económica internacional.
“El mundo nos ha fallado”, dijo el mandatario al explicar que los resultados económicos producto de la iniciativa no fueron los esperados por el gobierno ecuatoriano.
Correa adelantó que los trabajos en el campo Tiputini, que era parte de la iniciativa, comenzarán en las próximas semanas.
Y aseguró que para ello se emplearán “técnicas de extracción de última generación”.
Algunas de las petroleras más grandes del mundo están viendo cómo activistas climáticos e inversores están poniendo contra las cuerdas el negocio de los combustibles fósiles. A la sentencia de la justicia holandesa que obliga a la petrolera Shell a reducir un 45% sus emisiones de dióxido de carbono se le une otra importante victoria al otro lado del Atlántico: la dirección de Exxon, la mayor petrolera de EE UU, se ha visto obligada a admitir que 2 de sus 12 miembros sean los propuestos por un minoritario fondo de inversión cuya acción se centra en la lucha contra el cambio climático.
Dejar las reservas de crudo y gas bajo tierra es una de las peticiones que los activistas contra el cambio climático y muchos científicos repiten desde hace años como fórmula para lograr que el calentamiento global se quede dentro de unos límites manejables. Y dejarlas bajo tierra es, básicamente, lo que propone ahora la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cuando advertía en un reciente informe de que para cumplir el Acuerdo de París ningún Gobierno del mundo debería autorizar nuevas explotaciones de combustibles fósiles. El informe supone un nuevo puñetazo en la mesa de los consejos de administración de las grandes petroleras, golpeados ahora por la sentencia de Shell y los cambios en el consejo de Exxon.
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