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Lenin Moreno debe responder por entrega de armas de guerra a Bolivia

El régimen de Moreno habría prestado 5.500 granadas y 2.949 proyectiles al régimen de facto de Jeanine Áñez para reprimir al pueblo boliviano que salió a las calles en 2019 a protestar por el golpe de estado contra el expresidente Evo Morales.

Lenín Moreno y sus funcionarios deben responder por esta nueva denuncia que compromete recursos del Estado ecuatoriano. La entrega de armas al régimen de facto de Bolivia no puede quedar en la impunidad. Los organismos de control del estado deben actuar de inmediato.

Cada momento salen más evidencias sobre la participación de varios funcionarios del régimen de Moreno que habrían facilitado la entrega de armas de guerra a Bolivia. Pichincha Comunicaciones reveló un informe firmado por el excomandante general de la Policía en donde se confirmaría la entrega del armanento.

Más temprano se conoció que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha abierto una investigación sobre una supuesta entrega de armas de guerra por parte del Gobierno de Ecuador, encabezado por Lenín Moreno en aquel momento, al Ejecutivo de Jeanine Áñez, recogió EUROPA PRESS.

Según ha trasladado el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, el Ejecutivo ha recibido “información extraoficial” que apunta a que se habría entregado a la nación andina, “por parte de la administración de Lenín Moreno, municiones de alto calibre, municiones de guerra”, ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.

La semana pasada se conoció que el exministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo supuestamente presionó y gestionó, a través del Ministerio de Defensa, el préstamo de gases lacrimógenos procedentes de Ecuador, con el argumento de dotar a la Policía de Bolivia de recursos antimotines durante el período en el que Áñez estuvo al frente del gobierno.

El abogado boliviano Gary Prado Arauz confirmó que el entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno prestó bombas lacrimógenas y balines a la presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, para la represión contra los sectores que se resistían a este régimen. Los pertrechos concedidos nunca fueron devueltos, informó Pichincha Comunicaciones.

Prado Arauz explicó que es abogado de dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa boliviano, un militar retirado y un abogado en ejercicio, que participaron en la compra de material fumígeno para la Policía boliviana, presuntamente con sobreprecio, denuncia que sostiene la Contraloría General de esa nación, por lo que fueron querellados por el Ministerio de Defensa.

Estos personajes, luego de haber desaparecido, se presentaron voluntariamente a declarar, en la ciudad de La Paz, la semana pasada. Entre los datos entregados, señalaron que, por petición del exministro de Gobierno de Añez, Arturo Murillo, ante la necesidad imperiosa de material para repeler las protestas, se solicitó a la Fuerza Aérea un vuelo de un avión Hércules C-130 con destino a Quito-Ecuador, para recoger el material conseguido en calidad de préstamo.

Prado Arauz dice que la cantidad exacta del material antidisturbios se desconoce, pero se habla de un monto de nueve millones de bolivianos (un millón 300 mil dólares), que el Ejecutivo ecuatoriano, a través del Ministerio de Gobierno, había facilitado al régimen de Áñez.

Este vuelo se realizó el 16 de noviembre de 2019, a cuatro días de que Áñez asuma el poder. En Quito, el encargado del trámite para la autorización del aterrizaje, embarque del material y despegue de la aeronave boliviana fue el agregado militar de Bolivia en Ecuador, coronel José Luis Frías Cordero.

Prado Arauz anota que no era una novedad este tipo de trámites, que se lo había realizado antes, pero esta vez se trataba de recoger el material fumígeno, con autorización de las autoridades ecuatorianas.

El abogado manifiesta que el coronel Frías identificó a funcionarios ecuatorianos del Ministerio de Gobierno, Cancillería, Fuerzas Armadas, como al comandante de estas últimas, general Luis Lara Jaramillo, quien habría dicho que no tenía conocimiento del vuelo, porque se manejó en instancias administrativas ajenas a las FF. AA.

Recalcó que el material prestado por el gobierno de Moreno al régimen de Áñez no fue devuelto, aunque se exigió su reembolso.

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